Crisis energética

Prolongar la vida de las nucleares sirve únicamente a los intereses de las empresas propietarias, ya que cobran a precio de última tecnología lo que producen a coste mínimo. Del problema de los residuos ya se encarga Enresa, empresa pública al igual que Red Eléctrica, en definitiva, el contribuyente. Beneficios privados y costes públicos. Es un puro regalo a las eléctricas, como lo fueron los costes de transición a la competencia o el déficit de tarifa y como lo será el pago por reserva de potencia de las centrales de gas de ciclo combinado.

Aunque hay que reconocer que insistir sobre el tema nuclear resulta, además, muy útil para mantener ocupados a los colectivos ecologistas, enredar a los sindicatos y distraer a la ciudadanía y que los árboles no le dejen ver el bosque.

Por último, a los pequeños y no tan pequeños consumidores -los grandes tienen otro tratamiento- se les acosa con normativas. Así se explica la continua subida de tarifas intentando, sin éxito hasta el momento ya que el pueblo es sabio y se resiste, que los usuarios domésticos pasen al mercado liberalizado para que -una vez perdida la referencia de precios que proporciona la tarifa- no puedan saber si se les cobra mucho o poco. De esta forma el oligopolio eléctrico podrá esquilmarlos sin traba alguna con un modelo similar al de la telefonía móvil, que provoca la indefensión absoluta del usuario. Por supuesto, esto no impide seguir reclamando el déficit de tarifa titulizado con la garantía del gobierno, que habrá que pagar aparte.

A la vez que se deja a las eléctricas el control de los precios de la electricidad, la normativa complica hasta la desesperación los trámites administrativos para producir energía a pequeña escala e impide a los usuarios escapar de la tiranía de las compañías. Sería fácil permitir que los ciudadanos produzcan energía para autoconsumo y vendan el excedente a la red utilizando un contador de “medición neta” que mide la energía que se produce y la que se demanda y se hace la factura por la diferencia. Es una solución eficaz que se utiliza en todo el mundo por la sencillez de su aplicación y nulo coste.
Sin embargo, la potente campaña del lobby ha conseguido que en España ni siquiera se hable de ello.

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